El texto que se debatirá esta semana introduce modificaciones respecto de la idea original del Poder Ejecutivo
El Gobierno dispuso introducir una modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria respecto del texto original de la Ley ómnibus enviada al Congreso Nacional. De este modo, la fórmula actual seguirá hasta abril y luego los haberes se ajustarán por el índice de precios al consumidor (IPC).
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Martín Menem y Guillermo Francos“En marzo de 2024, se realizará el ajuste trimestral de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N 24.241 en base al índice de movilidad dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241. A partir de abril de 2024, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”, expresó.
En el artículo 106 indica que “sustitúyase, a partir del 1° de abril de 2024, el artículo 32 de la Ley N° 24.241, el que quedará redactado como sigue: “ARTÍCULO 32. Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la presente serán móviles”.
La idea original
En el texto original enviado en diciembre al Congreso Nacional, se disponía, entre otros puntos, la suspensión de la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. Según la norma, el Poder Ejecutivo podría realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática. La medida resultaba clave para el ajuste fiscal que encarará el ministro de Economía, Luis Caputo, como punto de partida para “desindexar” el componente más sustancioso del gasto público.
Hasta la actualidad, los ajustes de haberes se otorgan en un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último eje, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. Si consigue la sanción en el Congreso, Milei podrá otorgarlos por decreto.
En el Gobierno del expresidente Alberto Fernández se había modificado la reforma sancionada en 2017 en tiempos de Mauricio Macri cuando se generó un fuerte enfrentamiento legislativo con protestas en las calles de quienes estaban en contra de ese cambio. En este último caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios.
La importante aceleración de los demás precios implicó que ninguno de los dos mecanismos hayan conseguido que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo. En los últimos años los jubilados reciben bonos para compensar las pérdidas que arrojaba la fórmula. Una de las justificaciones que daban en La libertad Avanza es que como la inflación del último trimestre de 2023 será más baja que la del inicio del 2024, de mantenerse el esquema vigente, continuará la degradación de estos ingresos.
El gasto previsional es clave para las cuentas públicas y el ajuste fiscal que propone Caputo. De hecho, el recorte del gasto que informó el Palacio de Hacienda contempla una reducción del 0,4% del PBI en jubilaciones. Por otro lado, si finalmente la inflación comienza a ceder en algún momento, el rezago en la actualización se dará sobre niveles más altos por lo que la necesidad de gasto crecerá en términos reales.