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La jefa del Servicio Penitenciario dice que a las cárceles hay que controlarlas “desde afuera”

Se trata de María Laura Garrigós, fundadora de Justicia Legítima. Luego de un duro informe la fiscalía Procunar, dijo que no puede supervisar y evitar los delitos que cometen desde dentro de los penales.

Después de conocerse el informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que planteó el crecimiento del crimen organizado desde el interior de las cárceles, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, reconoció que “hay problemas” pero que el control “debería estar desde afuera”, minimizando el accionar de los principales líderes de las bandas narco que se encuentran “operando desde el interior de las cárceles en crímenes complejos”, como sostiene el documento del Ministerio Público Fiscal. Sus dichos generaron un fuerte rechazo en la justicia.

El informe firmado por el fiscal Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR, concluyó que la narcocriminalidad no deja de crecer desde el interior de los establecimientos penitenciarios. El documento elevado al Procurador General, Eduardo Casal y que dio a conocer Clarín, expone el incremento de “las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas)”, que se planifican y realizan desde las cárceles.

La situación no es aislada de los hechos de violencia que tienen como escenario principal la ciudad de Rosario. En aquel informe de 26 páginas, se detalló con diversos ejemplos cómo el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”. Ampliando la problemática, se especificó que “el problema que significa el intercambio y comercialización de estupefacientes al interior de los establecimientos penitenciarios”.

Ante la consulta de Clarín a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal señalaron que no opinarán al respecto “ya que extrañamente no tenemos el informe porque no está publicado en las vías oficiales”, se excusaron.

Al respecto fuentes judiciales explicaron que el documento se encuentra dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal, donde la PROCUNAR pidió a su máxima autoridad, Eduardo Casal, que se implemente una mesa de trabajo para abordar la problemática minimizada por la interventora del SPF. El propio jefe de los fiscales se refirió a la información recavada en distintas investigaciones, que mostraron “el avance de esa manifestación criminal y que, a su vez, trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular”.

Como respuesta a ese situación, la semana pasada hubo un primer encuentro donde participaron exclusivamente fiscales. Según pudo saber Clarín, en una segunda reunión donde se pondrá en conocimiento de sus autoridades el contenido del informe, que ya se hizo público, no se descarta convocar al Ministerio de Justicia.

Frente a todo lo expuesto, en declaraciones radiales Garrigós dijo: “Que hay problemas, sí. El informe que dieron a conocer públicamente, al que no tuve acceso, parece decir eso. No es que las personas privadas de libertad pueden accionar ellos directamente. Pueden dar instrucciones a personas que trabajan desde afuera. El control debería estar desde afuera, que es más fácil” pero reconoció: “No es poco que puedan seguir dando instrucciones”. 

Sus dichos generaron un gran malestar dentro de la justicia, donde señalaron que “la responsabilidad indelegable sobre lo que ocurre desde el interior de las cárceles es de la interventora del SPF“.

Por otro lado, fuentes judiciales indicaron que en sus declaraciones “admite que desde adentro de las cárceles no se realizan acciones directas sino a través de terceros, y esa acción es típico del artículo sexto de la Ley de Drogas que refiere a organizar o financiar actividades de tráfico, o es típica del artículo 210 que es la asociación ilícita, donde los jefes y organizadores no cometen directamente la acción”. Ante ese planteo, si “la interventora reconoce estas acciones, tiene exclusiva jurisdicción para prevenir tales delitos”. 

Entre los hallazgos expuestos por la Procuraduría especializada en narcocriminalidad se determinó que dentro de las cárceles federales hay “personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”.

Al respecto Garrigós, ex jueza penal, sostuvo que el personal penitenciario “no puede hacer investigaciones fuera del penal. Tampoco las hace dentro del penal“. Reconoció sin embargo “que la problemática existe“, y no pudo negar el acceso a teléfonos que muchos presos tienen y los cuales son utilizados para la comisión de nuevos delitos, como denunció la PROCUNAR.

Los hallazgos del informe

La PROCUNAR detectó la presencia de personas en el exterior de las cárceles “que fueron parte o contribuyeron a las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad”.

También sostuvo que las estructuras superiores de las organizaciones “ejercían la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de medios de comunicación, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios”. Esto exponía en muchos casos “los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización”.

En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior “se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular, ya sea de uso individual como también compartido entre diversas personas detenidas”. Por cierto, el uso compartido de teléfonos celulares dentro de una unidad penitenciaria “representa un problema adicional en el proceso de recopilación de información y producción de prueba, por cuanto hace más difícil identificar al usuario real de las comunicaciones”, sostiene el documento.

Se informó sobre el uso de teléfonos instalados en diversos pabellones de las unidades carcelarias -y habilitados para el uso general de los detenidos- para el desarrollo de las actividades delictivas.

También se advirtieron comunicaciones o instrucciones “impartidas entre personas detenidas en los mismos o diferentes establecimientos penitenciarios, en las que se coordinaron diversas maniobras delictivas”.

Un punto clave es que para la Procuraduría no se puede omitir la posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, “tanto para facilitar como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios”. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares.

Una observación no menor y que acrecentó la preocupación de los fiscales que se ocupan de estos temas, refiere al nivel de organización de estas bandas desde las cárceles. “Se ha observado una importante capacidad operativa para llevar a cabo la coordinación de maniobras delictivas de gran complejidad”. Por ejemplo: el ingreso mediante contrabando de sustancias estupefacientes al país, o el traslado de grandes cargamentos entre ciudades distantes del territorio, situaciones que, por lo general, requieren de gran precisión para ser efectuadas de manera encadenada.

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