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Máximo Kirchner pidió ser querellante en la causa de espionaje ilegal

  • El referente de la Cámpora hizo la presentación esta mañana ante la Justicia.

El referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, pidió este lunes ante el juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, ser querellante en la causa por el presunto espionaje ilegal a jueces de la Corte Suprema, políticos, funcionarios y periodistas, a través de un escrito que presentó de forma electrónica.

Al considerar que es una de las víctimas de la estructura de espionaje ilegal que se investiga en Comodoro Py, ya que está incluido en los 1.196 informes confeccionados por Ariel Zanchetta -el ex policía de la Federal y ex espía inorgánico-, el hijo de Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia.

En un breve escrito, el diputado del Frente de Todos reclamó que se le conceda acceso como “particular damnificado” a la causa que investiga por espionaje ilegal, tras “haber tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibidas” sobre su persona.

La presentación sostiene: “Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los efectos de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”.

El pedido, al que tuvo acceso Clarín, fue presentado ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, y se suma al extenso listado de personas que ya pidieron ser tenidas en cuenta como parte querellante en este expediente. Entre ellos, se encuentra el ministro de Gobierno Eduardo Wado de Pedro y el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.

La presentación de Máximo Kirchner en la que pidió ser querellante.La presentación de Máximo Kirchner en la que pidió ser querellante.

La investigación sobre una supuesta red de espionaje ilegal comenzó con la hipótesis de la “posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.

Aquella estructura delictiva funcionó con dos eslabones indispensables: uno, Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de Misiones que admitió haber hackeado el celular de jueces federales que investigaron a Cristina Kirchner. El otro, Ariel Zanchetta, el ex policía de Policía Federal que según determinó la fiscalía desde 2009 y hasta 2015 funcionó como un agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y desde entonces hasta su detención, en junio de este año, se dedicó a realizar tareas de inteligencia ilegal.

Cuando se analizaron parte de los 1.196 informes de inteligencia ilegal que Zanchetta tenía en su casa de la ciudad bonaerense de Junín, como los dispositivos electrónicos que le secuestraron a Nuñes Pinheiro, la justicia federal buscó la conexión entre ambos y una de sus primeras conclusiones fue que tuvieron un objetivo común: los jueces federales que investigaron a la vicepresidenta y los miembros de la Corte Suprema.

Esa red de espionaje ilegal fue más allá de los integrantes del Poder Judicial. Así lo dijo el fiscal Gerardo Pollicita: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas (como) políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.

Para llevar a cabo esa actividad, Zanchetta obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos -como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor-, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.

Datos oficiales y la pista de tres espías

Pero la justicia también determinó, que accedió ilegítimamente a dos bases de datos de las se desconoce su origen -en tanto el Registro Nacional de Base de Datos informó que desconocía su existencia- una denominada “Base Nacional de Antecedentes”, con la que Zanchetta tenía acceso a información sobre los antecedentes de las personas, datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares, pedidos de captura de Interpol.

También utilizaba otra base de datos llamada “Base Nacional de Telefonía Móvil” mediante la cual accedía a información respecto de los datos de registración, domicilio y titularidad de las líneas celulares de cada uno de los “objetivos”.

Todo ello, le permitió reunir y almacenar información sobre miles de personas, en una de recopilación de datos personales que sólo para el período 2016-2023, “implicó la realización de al menos más de 12.000 consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales”.

A la hora de observar todas las piezas del rompecabezas, la fiscalía dio con un dato clave: no actuó en soledad.

Como contó Clarín, la Justicia sigue la pista de tres espías que integran la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los objetivos, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido” de otros”. La fiscalía le dio tres nombres al juez Martínez De Giorgi, todos ellos bajo reserva.

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