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La vice había pedido que se anule la reapertura del caso por lavado con sus empresas.
El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que el caso Hotesur-Los Sauces se reabra. Todos los imputados apelaron esa decisión y pidieron la nulidad del fallo. Cristina Kirchner, la principal acusada, fue de las primeras en hacerlo. Pero este martes, el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, rechazó todos los recursos y reiteró que todos deberán defenderse en un juicio oral y público.
El 18 de septiembre, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, la Casación ordenó reabrir los casos Hotesur (firma de la familia Kirchner dueña de hoteles) y Los Sauces (dueña de departamentos y cocheras) que se tramitan unificados, lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo a afrontar el juicio oral por asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.
Con todas las apelaciones presentadas, la Sala I de la Casación federal pidió la opinión del fiscal ante ese tribunal, Mario Villar.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que no se está discutiendo una sentencia firme, por lo cual no hay margen jurídico para pedir la nulidad de lo resuelto por Petrone y Barroetaveña.
Hay que recordar que Carlos Beraldi, abogado de la vice, argumentó su pedido de nulidad en que los camaristas no tuvieron en cuenta el voto de la exjueza Ana María Figueroa, y que con solo dos jueces la Sala estuvo mal conformada.
La decisión de reabrir los casos se conoció después de que la Corte Suprema ordenó el cese en sus funciones de Figueroa, quien había retrasado la resolución de las causas Hotesur y Pacto con Irán con la demora de su voto.
Sin embargo, luego de la resolución de la Corte y la posterior emisión de la resolución de la Casación Federal en ambos casos, el kirchnerismo logró aprobar en el Senado un nuevo pliego para que Figueroa permanezca cinco años más en su cargo. La exmagistrada aún no se presentó en su viejo despacho, y su regreso efectivo a las funciones es imposible.
Sin embargo, para Beraldi la Sala I quedó “indebidamente constituida” para votar en Hotesur, por la ausencia de Figueroa.
Además, el abogado indicó que la decisión del tribunal contó con una “dilación injustificada” que “ocasiona severos perjuicios al legítimo ejercicio de los derechos de nuestros defendidos”. El retraso al que se refiere fue en realidad causado por la demora con que Figueroa entregó su voto, sobre el filo de su cumpleaños 75.
Frente a esos argumentos se pronunció ahora el fiscal Mario Villar, rechazando todas las apelaciones.
Ahora falta la palabra de los jueces de la Casación para que, finalmente, pueda sortearse el Tribunal que deberá realizar el juicio. En el caso Hotesur-Los Sauces, se ordenó que permanezca integrando el TOF la jueza Adriana Palliotti que desde un comienzo remarcó que el juicio debía hacerse.
En consecuencia, restan sortear dos integrantes más. Esto lo hará la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Mariano Borinsky, una vez que la Sala I responda los recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y demás acusados.
Una vez que los jueces Petrone y Barroetaveña se pronuncien -seguramente rechazando las apelaciones al entender al igual que el fiscal Villar, que no se está ante una sentencia firme- los imputados podrán ir en queja hasta la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, por más que se conforme el Tribunal que deberá realizar el juicio, el mismo no podrá iniciar hasta tanto haya un pronunciamiento por parte del máximo tribunal.
Ante ese escenario, el fiscal de juicio Diego Velasco avanzará con una serie de medidas de prueba que son previas al inicio del debate oral: que se concluyan las pericias contables sobre las empresas de los Kirchner, que se incorporen las más de 300 comunicaciones que el fiscal de instrucción, Guillermo Marijuan, detectó en el marco de la Ruta del Dinero K.
También requerirá que se incorporen los mensajes del celular de José López, ex secretario de Obras Públicas, que expuso durante el juicio de Vialidad (donde la vice fue condenada) el fiscal Diego Luciani.
El caso Hotesur-Los Sauces
En estos expedientes, la acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuyo juicio terminó en diciembre pasado con una dura condena para Cristina, Báez y los demás acusados.
La defensa de la vicepresidenta volvió a señalar que no existieron maniobras de blanqueo. Reiteró que no existen delitos precedentes como requiere toda maniobra de lavado de activos, porque sostienen como tesis principal que el dinero se encontraba bancarizado, y entonces no podía haber una operación “en negro”.
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.
A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.