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Pacto con Irán: el fiscal reiteró que debe realizarse el juicio contra Cristina Kirchner

Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Zannini y otros acusados habían planteado la nulidad de todo el caso. Es la causa que denunció el fiscal Nisman.

En una audiencia ante el Tribunal Federal 8, el fiscal Marcelo Colombo volvió a sostener este miércoles que el juicio contra Cristina Kirchner por la firma del Pacto con Irán debe realizarse. Ante las denuncias de supuestos “sesgos de la instrucción” con las cuales los abogados de la vice, de Carlos Zannini y otros acusados intentan anular toda la causa, el fiscal reiteró que el mejor lugar para resolver esos planteos “es el debate oral, no hay mejor instancia”.

Pese a que pasaron tres años desde que el caso fue elevado a juicio, el TOF 8 aún debate si corresponde o no realizar el debate oral contra Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA por la firma del pacto de entendimiento con Irán. Antes del inicio de la feria judicial de invierno, comenzaron las audiencias pedidas por la vicepresidenta para plantear los argumentos en base a los cuales pidió la nulidad del caso.

Cuando tocó su turno, el fiscal Marcelo Colombo rechazó la suspensión del juicio de la causa que comenzó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Consideró que no había elementos suficientes para dar sustento al planteo de la vicepresidenta, de Zannini, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, entre otros, quienes refirieron a una instrucción supuestamente sesgada por la intervención de jueces que según su acusación habrían estado direccionados por el macrismo.

Aquella exposición de Colombo iba a ser la última para  cerrar la ronda de audiencias y así, dar lugar a que los jueces resuelvan si realizarán el juicio contra Cristina y ex funcionarios de su gabinete, o no. Sin embargo, el TOF 8 hizo lugar al pedido de los abogados defensores, que solicitaron realizar una réplica a los argumentos de la fiscalía.

En ese contexto, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, volvió a plantear la nulidad del caso al igual que otras defensas. “Así como la Corte brasileña absolvió a Lula por la violación de las garantías del juez natural e interferencia del poder político, creo que en este caso corresponde la misma resolución, la nulidad de todo lo actuado y declarar el sobreseimiento para todas las personas acusadas”, dijo el defensor de la vicepresidenta.

La conclusión de Beraldi guarda relación con lo ya planteado por Cristina Kirchner, quien acusó a la justicia de ser parte de un plan político para atacarla, y por eso pidió su sobreseimiento. A su entender, el expediente es “un disparate institucional, judicial y político“, y volvió a referirse al lawfare como eje central de su defensa, más política que jurídica.

Este miércoles -una vez más-, el fiscal Colombo respondió a dos aspectos que a criterio de las defensas, no habían sido explicados. Así su exposición, se centró en la necesidad de realizar el juicio como instancia para debatir “todas las sospechas de que ha sido una instrucción sesgada: qué mejor instancia que el juicio“, explicó.

Consideró que el Ministerio Público Fiscal, no puede expedirse ahora respecto a si hubo o no delito, ya que es algo que “deberá discutirse en el debate oral, de allí podrá surgir esto”.  

En relación a ese argumento, el fiscal indicó que no comparte el planteo de los abogados que sostienen que no hay pruebas suficientes para llevar adelante el debate oral “porque la prueba fue analizada por ustedes, fue puesta a disposición” y recordó que en la etapa de ofrecimientos de pruebas,  previo a fijar fecha para el juicio, los abogados propusieron pruebas y testigos, aprobándose un extenso listado que deben ser escuchados en el juicio, porque “mal podemos saber lo que tengan para aportar”, expresó.

Pero además, sostuvo que en este tiempo tampoco se generó una prueba nueva que permita revertir el criterio de llevar adelante el juicio. “No hay nuevos elementos, no hay prueba nueva que impida no realizar el juicio“, sostuvo. Para las defensas esa prueba nueva refiere a las alertas rojas de Interpol, que “ya en alguna medida eran parte del expediente” y recordó que hay un tramo que se ocupa de eso aún en instrucción, pero aún así, “no podría modificar la instancia del juicio”.

Con una firme postura de que el caso que tiene como principal acusada a la vicepresidente, debe contar con su respectivo juicio oral, el fiscal señaló que hay una “extensa lista de testigos aprobados para el debate”, incluso propuestos por las defensas, para despejar cualquier duda en el marco del juicio, sobre cómo se llevó adelante la investigación del caso.

Entre otros argumentos expuestos, Colombo reiteró su rechazo al pedido de nulidad de Cristina Kirchner para se lleve a cabo el juicio oral y que esa será la mejor instancia para resolver todos los planteos.

Los pedidos de nulidad ​se centraron en las más de quince visitas de los jueces de la Cámara de Casación Borinsky y Hornos a la quinta de Olivos y la Casa Rosada durante la presidencia de Macri. Cristina Kirchner sostuvo que esos encuentros respondieron a la persecución política de la que indicó ser víctima y que esos encuentros guardaron relación con diferentes resoluciones de los magistrados en diversos casos de corrupción. Entonces, consideraron que estaba en riesgo la imparcialidad de los jueces.

Para el fiscal Colombo era “prematuro” resolver antes de que comience el juicio la nulidad del expediente, y consideró que no está probado que las visitas a la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno por parte de los camaristas de Casación, Gustavo Hornos y Hernán Borinsky, durante la presidencia de Mauricio Macri guarden relación con sus decisiones en el marco del expediente.

Al analizar los ingresos y cotejarlos con diversas resoluciones vinculadas a la causa del Pacto con Irán, el fiscal corroboró la existencia de las visitas a la quinta presidencial, pero sostuvo al cruzar las fechas que no había correlación alguna con sus decisiones en el expediente y que los encuentros “no alcanzan para afirmar que en el caso se ha violado la garantía de juez imparcial”.

El recorrido del caso​

El caso que investiga la firma del Pacto con Irán inició con la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. En otro expediente, la Justicia sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia contra la entonces presidenta de la Nación.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la entonces senadora Kirchner, que está procesada por encubrimiento agravado del atentado de la AMIA. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.

Finalmente, un año después el expediente fue elevado a juicio oral y desde entonces se encuentra radicado en el TOF 8 integrado por la jueza Gabriela López Íñiguez, y los jueces Daniel Obligado y José Michilini. Durante el 2020 el fiscal Marcelo Colombo pidió que se avance hacia la realización del juicio oral, algo que el Tribunal había convalidado pero después comenzaron a presentarse un conjunto de planteos para que no se lleve a cabo el debate.

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