Promover la lectura y escritura desde el jardín de infantes, avanzar con la extensión de la jornada escolar, articular la secundaria y el mundo del trabajo son algunas medidas sugeridas por la Academia Nacional de Educación para el programa de gobierno de quien gane las elecciones
¿Puede la educación definir el resultado de las elecciones 2023? Desde la Academia Nacional de Educación emitieron una declaración que les pide a los partidos políticos y candidatos que prioricen la cuestión educativa en sus plataformas y detallen las políticas públicas que se comprometen a aplicar si resultan electos.
Promover la lectura y escritura desde el jardín de infantes, avanzar con la extensión de la jornada escolar, articular mejor la secundaria y el mundo del trabajo, fortalecer la formación docente y cumplir con el financiamiento educativo aparecen entre las medidas sugeridas por la Academia, según el documento que lleva la firma de su presidenta, Paola Scarinci de Delbosco, y fue consensuado con el resto de los miembros.
La declaración, titulada justamente “La educación es una prioridad”, empieza planteando que ante “la actual crisis educativa” es fundamental la colaboración entre el sector público y el privado para promover “la efectiva aplicación de la legislación educativa vigente”, con el objetivo de lograr “una rápida recuperación de la educación de los niños y jóvenes de nuestra patria”.
“Nuestra preocupación es que este documento pueda servir como una hoja de ruta para quienes se van a ocupar de gobernar. Todo el mundo está de acuerdo con que la educación debe ser fortalecida: la declaración propone por dónde empezar”, dijo a Infobae Paola Delbosco.
El aprendizaje de la lectoescritura encabeza la lista de prioridades, en un contexto en el que distintas voces vienen advirtiendo sobre este punto. El documento plantea que la promoción de la lectura y escritura debe impulsarse desde el comienzo de la educación obligatoria (sala de 4 y 5), tanto en la escuela como en la familia.
Varias de las propuestas reclaman, en rigor, el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional, como la expansión de la jornada extendida en todas las escuelas primarias del país, una medida que el Ministerio de Educación de la Nación viene impulsando desde el año pasado, con la implementación de una quinta hora diaria en las escuelas de jornada simple.
Otro punto que ya está previsto en la Ley 26.206 de 2006 es garantizar una inversión del 6% del PBI en educación, una meta que solo se cumplió en tres de los últimos 17 años, según un informe de Argentinos por la Educación. Desde la Academia reclaman también asegurar “una administración eficiente de los recursos”.
La articulación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo es otra preocupación. Sobre ese punto, la Academia recomienda “desarrollar un sistema de educación dual de intensa formación práctica para una rápida inserción laboral de los jóvenes que así lo deseen”, como el que funciona en varios países europeos y en algunos latinoamericanos.
Otras propuestas que cuentan con menos consenso entre los especialistas y autoridades educativas incluyen la declaración de la educación como “servicio esencial”, lo que en la práctica podría implicar restricciones sobre los paros docentes. O la derogación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que resguarda la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas en la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas.
“Los políticos deben trabajar por el bien común. Y la educación es un pilar del bien común: prepara a las personas para que puedan dar lo mejor de sí”, dijo Paola Delbosco.Sobre este punto, Delbosco explicó: “Creemos que los datos deben estar disponibles para los estudiantes, las familias y las escuelas. Hoy esto no sucede. Muchos alumnos, sobre todo los más grandes, enfrentan estas pruebas con desgano. Si cuando te examinan, el resultado de tu examen no te afecta en nada, lo más probable es que no lo hagas seriamente. Normalmente la nota es un incentivo para hacer las cosas bien. Por otro lado, también es bueno saber cuánto se está esforzando una institución para mejorar sus resultados”.
La Academia también pide la modificación del artículo 7 de la Ley 24.521, reformado en 2015, que establece el ingreso “libre e irrestricto” a la universidad. Reclaman, en cambio, que se habilite a las universidades a “establecer las condiciones de ingreso, respetando la autonomía, en beneficio de la diversidad del sistema y promoviendo las acciones remediales indispensables para facilitar la integración y los aprendizajes”.
“La universidad necesita mantener un determinado nivel, la inclusión no puede ser un engaño. Tiene que haber mecanismos por los cuales las instituciones se aseguren un nivel mínimo de conocimientos de quienes ingresan”, argumentó Delbosco. Y agregó que las “acciones remediales” se refieren a ofrecer alternativas para quienes no aprueben un eventual curso de ingreso, “para ponerlos en condiciones y garantizar una verdadera inclusión”.
La actualización de los estatutos docentes “considerando su nuevo rol en la educación del siglo XXI y las transformaciones generacionales, sociales y tecnológicas” también debería ser prioridad de los candidatos, según el documento. Junto con esto, la mejora de la formación resulta también prioritaria para la Academia, que además sugiere la aplicación de un sistema de evaluación periódica del desempeño.
Tras la experiencia de la pandemia y el avance de la educación a distancia, el documento también recomienda actualizar la normativa para poder habilitar la “combinación de modalidades presenciales y virtuales” según las características de cada nivel educativo. Y sostiene que se debe “garantizar la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas a través de la diversidad en las ofertas formativas y de una educación sin adoctrinamientos”.
“Si bien suele decirse que la educación es una prioridad y tiene que mejorar, muchos lo dicen solo como una crítica. Falta que asuman políticas concretas, renunciando a llevarse el mérito por los resultados: el resultado es para el país y se ve en el largo plazo. El esfuerzo que haga hoy un político no lo cosechará en las elecciones de medio término. Pero los políticos deben trabajar por el bien común. Y la educación es un pilar del bien común: prepara a las personas para que puedan dar lo mejor de sí”, afirmó Delbosco.
Al final, la declaración apela a la ciudadanía como “auténtica evaluadora de las propuestas electorales”, y concluye con una invitación a involucrarse: “Todos somos necesarios para demostrar y hacer realidad que la educación es una prioridad en nuestra patria”.