A Julio “Chocolate” Rigau lo atraparon cuando salía de retirar plata de un cajero con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.
Probablemente el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau y las 48 tarjetas de débito para cobrar contratos de la Legislatura bonaerense simbolice el sistema de corrupción más naturalizado del país.
Si no, habría que preguntarles a los funcionarios de la fiscalía que investiga la causa: “Estamos descompuestos después de escuchar a los dueños de esas tarjetas que deberían ser las víctimas. Sin ningún tipo de vergüenza dicen que desde hace años Rigau maneja la plata de sus cuentas y que luego reciben parte del dinero o lo donan a su merendero social. No saben ni siquiera el código de seguridad de sus tarjetas con las que se retiran todos los meses los $ 580.000 que la Legislatura bonaerense les deposita”, se espantan ante Clarín.
La cuenta total de lo que retiraban con las 48 tarjetas de débito llega a los $ 28 millones mensuales.
La contratación de ñoquis en el Estado bonaerense aparenta haberse convertido en un derecho de los políticos. Pasa en todos lados y no sólo con los oficialismos: para que funcione el esquema del delito la torta debe ser compartida con la oposición.
El que cayó ahora fue un no tan felizmente célebre puntero peronista de La Plata. A Julio Rigau le dicen Chocolate. “Lo llamamos así por su tono trigueño pero también podría ser por su vicio con los dulces”, bromea un compañero de ruta del peronismo platense, aunque se lamenta por “cómo perdió, aunque fue un boludo”.
En la capital bonaerense describen a Rigau como uno de esos tipos que se hacen querer a pesar de su propensión a involucrarse en cualquier actividad ilegal o moralmente reprochable, como algunas de las que suele permitir la política.
Cuando su amigo lo tilda de “boludo”, se refiere a la manera en que Rigau cayó preso, el sábado 9 de septiembre. No debería sorprender demasiado: algo similar le pasó a José López cuando decidió revolear bolsos en un convento o a los familiares y allegados de Lázaro Baez cuando se pusieron a contar millones de dólares fumando habanos y tomando champagne.
A Rigau lo atraparon cuando sacaba la plata de esas 48 tarjetas en un cajero del Banco Provincia que queda una cuadra de la Gobernación y cerca de la propia Legislatura.
Como una mujer se enojó porque tardaba demasiado y le hizo varios reproches, “Chocolate” le contestó con un improperio, quizás atareado, ya que estaba sacando $30.000 de cada una de las 48 tarjetas.
La mujer se quejó ante un policía comunal que estaba en una garita. Lo agarraron transpirado con una bolsa llena de plata. Como con el caso de José López y los bolsos volando sobre la reja del convento, cuando el primero en enterarse fue el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, esta vez el que tuvo la primicia fue el intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro, que busca su reelección en La Plata. “Papita para el loro”, se lamentan cerca de su contrincante peronista Julio Alak.
En La Plata, la trama del delito con los contratos de la Legislatura viene desde los ’80. El jefe político de “Chocolate” es, según dicen, el concejal massista Facundo Albini. Este diario se comunicó con él pero pidió unos días para contestar. El jefe del clan, su padre Claudio, es muy conocido en la política de la ciudad. Durante muchos años fue director de personal de la Legislatura, de ahí los vínculos y sospechas de los contratos truchos para ganar plata de supuestos trabajadores que no trabajan.
Los que conocen esta operatoria señalan un dato que sirve para entender quiénes están detrás de “Chocolate”.
“Con sólo ver el abogado que defiende Rigau se deschavan: es el estudio de Gazcón Cotti, el más caro de La Plata. Alguien lo garpa y no creo que sea el imputado”, indican en la Justicia.
Tanto cerca del juez de Garantías Federico Atencio como de la fiscal Betina Lacki, piensan que para llegar a los jefes de la organización criminal hay que picar “en las bases de la pirámide”. En el juzgado empiezan a sospechar que tanto “Chocolate” como los 48 dueños de las tarjetas (tres son familiares del propio Rigau) tienen algún tipo de relación con la misma organización. “No serían víctimas, sino partícipes”, conjeturan.
Si la causa avanza en ese sentido, la actual carátula de “estafa” cambiaría a “malversación de caudales públicos”.
Ahí es donde podrían ampliarse las indagatorias, desde Claudio y Facundo Andini a las máximas autoridades de la Legislatura que son los que firman los contratos: los kirchneristas Carlos “Cuto” Moreno y Federico Ortemin, Adrián Urrelli (del PRO) y Miguel De Lisi (del PJ).
“Si en la Justicia tienen ganas de escarbar, arman un Lollapalooza. Hay al menos media docena de ‘Chocolates’ que levantan varios centenares de millones por mes”, dice un ex funcionario peronista que también estuvo en el Gabinete provincial.