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El Presidente dijo que seguirá con su programa aunque no se apruebe.
Tras superar el fuerte cortocircuito con los bloques dialoguistas y en medio de la tensión generada por otra ofensiva de Javier Milei, la Cámara de Diputados busca este jueves emitir dictamen de comisión de la Ley Bases y del paquete fiscal con la intención de tratarlo en el recinto entre el próximo lunes y martes.
El oficialismo tuvo que retroceder con su reforma laboral de 60 artículos que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23 para aplacar, al menos en forma momentánea, la tensión con la oposición dialoguista que busca esquivar las chicanas del Presidente para darle las leyes que viene reclamando para su plan de Gobierno.
Es que el jefe libertario no retrocede con sus descalificaciones hacia el Congreso y este miércoles en la gala anual de la Fundación Libertad volvió a decir que no le hará falta el parlamento para cumplir las metas del Gobierno. “Ma’, tiren la Ley Bases”, dijo ante empresarios y personalidades de la política.
Plenario de comisiones para dictaminar la Ley Bases
Para el mediodía de este jueves está convocado el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para tratar de darle una primera definición al debate que promete aún algunas diferencias que quedarán plasmadas en distintos dictámenes.
Previamente, se formalizó la designación del libertario Santiago Santurio como nuevo presidente de la comisión de Legislación General en reemplazo de Gabriel Bornoroni, quien asumió como jefe del bloque de La Libertad Avanza.
En tanto, Unión por la Patria definió a sus representantes en la comisión y designó como vicepresidenta segunda a Mónica Litza y como secretaria segunda a Constanza Alonso. Además hubo un cambio entre diputados del PRO, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en reemplazo de Florencia De Sensi.
Pese a que el Gobierno hizo concesiones, algunos diputados mantienen diferencias que serán difícil de saldar en el debate de comisiones y es por eso que habrá distintos despachos por diferencias en las facultades delegadas, privatizaciones y la restitución del impuesto a las Ganancias.
Ante la posibilidad de que se frustre la aprobación de la ley ómnibus, que Javier Milei pretende tener aprobada para antes del 25 de mayo cuando aspira a firmar un pacto con los gobernadores, el oficialismo tuvo que presentar una nueva redacción de la reforma laboral.
Los puntos clave de la Ley Bases
Finalmente se acordó una versión un poco más light que prevé una extensión del período de prueba a seis meses e incluye una opción del fondo de cese laboral por convenio, un sistema similar al que aplica en el gremio de la construcción (Uocra).
También se incluyó en la nueva versión el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio, penas de 6 meses a 3 años de cárcel para los bloqueos sindicales y la eliminación de las multas por trabajo no registrado, medida que contaba con el respaldo de la mayoría.
En resumen, aquellos artículos atacaban los intereses de los sindicatos quedaron afuera. Esta decisión llevó al radicalismo a anticipar que irá con un dictamen de disidencia ya que impulsaban medidas como la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical.
Otro de los puntos que llama la atención del debate tiene que ver con los fondos fiduciarios, uno de los puntos que derivó en la caída de la primera ley ómnibus en febrero. Sobre este punto aceptaron que si son eliminados se respetará el origen de los fondos.
En concreto lo que establece que aquellos fondos que fueran financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable y es eliminado, el tributo volverá a la masa coparticipable y no al Tesoro, como pretendía el Ejecutivo. Esto permitiría ajustar el reparto entre las provincias.
El Gobierno también retrocedió con su intento de disolver o intervenir organismos como el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el Incucai, el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA.
¿Qué pasará con el capítulo del tabaco?
Uno de los capítulos que se especula que generará tensión en este plenario tiene que ver con la decisión del Gobierno de mantener excluido el capítulo del tabaco que disponía que todas las empresas paguen los mismos impuestos. La UCR, Hacemos Coalición Federal y seguramente Innovación Federal irán con un dictamen en disidencia sobre ese punto.
Está claro que no quieren quedar pegados a las presiones del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y quien es fuertemente beneficiado por la legislación actual
En lo que tiene que ver con las jubilaciones se avanza con la eliminación de la moratoria que permitía a las personas que no tenían los 30 años de aportes pagar una cuota para jubilarse.
Para avanzar con el debate, el Gobierno también tuvo que renunciar a un controvertido artículo que ampliaba las facultades delegadas, algo que era rechazado por todo arco opositor.
Además se modifican algunas disposiciones del RIGI, el régimen de promoción de inversiones, entre ellas limitaciones para la posibilidad del VPU “los vehículos de proyecto único”, de modificar el plan de inversión, y se quita la alícuota 0% de dividendos y pagarán 7% en los primeros 7 años y luego 3.5%.
Para atender las demandas de la oposición se promueve la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que prevé una jubilación proporcional a la cantidad de años de aporte, con una fórmula que incluye la Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo.
En lo que tiene que ver con las privatizaciones, otro de los capítulos que genera tensiones con la oposición, finalmente, el Ejecutivo accedió a incluir al Banco Nación por separado, mientras que otras seis empresas del grupo Banco Nación, incluyendo Nación Seguros, quedaron fuera del proyecto.
No obstante, se rechazó que un informe negativo de la SIGEN pueda frenar un proceso de privatización. Aunque la lectura que hacen, al menos en el radicalismo, que si una empresa no tiene la aprobación del organismo, el Gobierno terminará por retirar los pliegos.